Mejorar el bienestar de la población y alcanzar la prosperidad compartida se ha consolidado como un objetivo central en el debate público en México, y como el propósito del Estado en la implementación de políticas públicas y política económica. Evaluar el progreso social de manera sistemática requiere indicadores que permitan observar el acceso de la población a servicios esenciales y las condiciones que facilitan el ejercicio de sus derechos.