El 22 de julio de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador preguntó a reguladores y al gabinete de energía si, para la implementación de 17 medidas propuestas, era necesario modificar leyes o incluso la Constitución. La respuesta fue positiva, que no bastaba la emisión de un decreto y que probablemente se requeriría proponer enmiendas constitucionales. Los amparos otorgados al llamado decreto “Nahle”, posteriormente las suspensiones generalizadas que frenaron las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, seguido de la decisión controvertida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deja a estas
enmiendas en contradicción con la Constitución y la imposibilidad de lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para reformarla, señalan las dificultades que ha encontrado el gobierno para implementar esta estrategia cuyo propósito sería el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado por medio de evitar o disminuir la competencia.

Artículo originalmente publicado en El Universal

Foto: El Universal

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