No pocos se preguntan si debe o no participarse en el proceso de revocación de mandato del 10 de abril próximo. Por primera vez, los mexicanos tendrán la oportunidad de opinar, a través de un mecanismo de democracia directa, sobre la
conveniencia de que el presidente siga en funciones.
La democracia plebiscitaria puede ser un buen complemento de la representativa si se utiliza de manera parsimoniosa, para preguntas relevantes, que puedan ser sintetizadas y que se presten para respuestas en el afirmativo o el
negativo. En ningún caso es positivo ver a la práctica plebiscitaria como sustitutiva de la deliberativa representativa, en virtud de los muchos grises a los que hacen frente las sociedades y del respeto de los derechos humanos, en
particular de las minorías.
Se debe al presente gobierno la codificación de las consultas populares en la Constitución, pero también haberlas rápidamente desvirtuado. Primero, por consultas no representativas y sesgadas para la cancelación del aeropuerto de la
Ciudad de México y de la cervecería en Mexicali, y después por la consulta sobre el posible juicio a expresidentes que vulneraba el derecho a la presunción de inocencia. Ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desvirtúa la
naturaleza de la consulta sobre revocación de mandato al ser él mismo su único promotor, al plantear una doble pregunta para que sea ratificación y no sólo revocación, y al atacar al Instituto Nacional Electoral con el abierto propósito de
deslegitimarlo.